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Columna radiófonica emitida el 2 de julio de 2014 en el programa “Pa’ que veas” de Radio Monóvar (sección ‘En el punto de mira’)

Según el artículo 14 de la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la Ley. Pero como el papel es muy sufrido y todo lo aguanta, en el mismo texto constitucional encontramos otros artículos que otorgan privilegios a ciertos cargos públicos a la hora de pasar por los juzgados y que, a pesar de que no contradicen por completo el principio de igualdad jurídica, lo acota bastante. Me refiero a la figura del “aforado”, la razón por la que muchos cargos políticos envueltos en supuestos cargos de corrupción se aferran con uñas y dientes a sus puestos para evitar ser “degradados” a los juzgados de primera instancia.

Puede que nos hayan eliminado del Mundial a la primera de cambio, pero en el ranking de aforamientos, vamos en cabeza. España es una excepción en Europa y en el mundo. En Francia, son aforados el presidente de la República, el primer ministro y los ministros. En Italia y Portugal sólo el presidente del gobierno ostenta este privilegio y, en países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no hay aforados.

Estas cifras contrastan con las del selecto club de los aforados españoles en el que encontramos senadores, diputados, el presidente del gobierno y los ministros, los presidentes y diputados autonómicos, jueces, fiscales… y un largo etcétera que suma 10.000 personas. Somos una excepción y ganamos por goleada.

Pero no sólo somos los primeros, también somos los más rápidos a la hora de ampliar la lista de aforados. El ejemplo más claro: la ley exprés aprobada por el PP, Foro Asturias y UPN para aforar al rey Juan Carlos y la Familia Real, cuyo proceso arroja más sombras que luces a la ya de por sí deteriorada imagen de la institución monárquica.

¿Hay demasiados aforados? Sí y no es populista plantear que se reduzca su número, al contrario, es acercarnos a Europa. Aunque puestos a proponer, además de reducir el número de aforados, yo propondría que se aforasen nuestros derechos. Ya que de por sí la Constitución parece no ser suficiente para garantizarlos, blindémoslos para hacerlos valer. Puestos a pedir, pidamos más derechos y menos privilegios.

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Columna radiófonica emitida el 4 de junio de 2014 en el programa “Pa’ que veas” de Radio Monóvar (sección ‘En el punto de mira’)

abdicación rey

A las 10:32 de la mañana saltaba la noticia. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba la abdicación del Rey. Los medios de comunicación de todo el mundo se hacían eco y el 2 de junio de 2014 se convertía en una fecha a recordar en la historia reciente de España.

El Rey ha sido astuto a la hora de hacer pública su renuncia. Ha esperado a que pasasen las europeas y ha dejado suficiente margen de tiempo hasta las elecciones generales para que el debate sobre la monárquica no centre la campaña y comprometa a los partidos mayoritarios. Pero ni la astucia del Rey ni la rapidez con la que el gobierno ha fijado los plazos del proceso de sucesión han evitado el debate.

Lejos de alabanzas desmesuradas o críticas a degüello sobre la figura de Juan Carlos I y la institución monárquica, tres cosan me llaman la atención de lo sucedido estos días. La primera es la rapidez con la que se ponen de acuerdo más del 90% de los diputados del Congreso para mantener el status quo actual. Tal vez ahora no nos resulte tan extraño el llamamiento a la unidad y la coalición entre los grandes partidos que dio tanto que hablar durante la campaña de las europeas.

También me sorprende la laxitud con la que los sucesivos gobiernos, desde la transición hasta la actualidad, han mostrado a la hora de legislar sobre el futuro de la Monarquía. En casi 40 años no ha habido tiempo para plantear una ley sobre la sucesión y el futuro de la institución, pero sí para blindar a parte de la familia real al considerarlos “aforados”.

Y, por último, vuelvo a comprobar el nerviosismo que les entra a los políticos cuando se habla de realizar una consulta popular o de reformar la Constitución. Este último caso es significativo porque la Carta Magna se ha modificado en varias ocasiones sin consultar a los ciudadanos.

¿Es el momento de preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe la monarquía? No sé si será el mejor, pero es indudable que la renuncia del Rey deja esa puerta abierta y que una consulta popular reforzaría la legitimidad de cualquier resultado posible. Resultado que nunca conoceremos porque, como digo, a los políticos les entra urticaria cuando se trata de consultar a los ciudadanos, sobre todo si el proceso implica convocar elecciones.

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Columna de opinión radiófonica emitida el 9 de enero de 2013 en el programa “Pa’ que veas” de Radio Monóvar (sección ‘En el punto de mira’).

Cinco ocasiones en 37 años de reinado, son las veces en las que el rey ha concedido entrevistas. Sin olvidar que, con anterioridad a su coronación, concedió una entrevista a la televisión suiza en la que ensalzó la figura de Franco. Después llegaría la entrevista en El País, la que concedió a Radio Nacional y fue conducida por Xavier Sardá y su alter ego el Señor Casamajó, la de la BBC tras las Olimpiadas del 92, la de Victoria Prego con motivo del 25 aniversario de su reinado y, por último la que se emitió hace escasos cinco días conmemorando el 75 cumpleaños de Don Juan Carlos.

La entrevista levanto polémica antes y después de su emisión. Sobre todo, cuando se publicó que no habría alusiones a los últimos escándalos acontecidos en el seno de la familia real. Una entrevista así, sin preguntas comprometidas, no es una entrevista, es un publirreportaje. Calificar de entrevista, algo que no lo es, no sólo es un insulto hacia la inteligencia de los ciudadanos, sino también una falta de respeto a la democracia y a la profesión periodística.

El resultado final fue insulto, cargado de puntos comunes y generalidades. Poco más que un repaso histórico, una conversación entre dos hombres de la misma generación. No se trataba de realizar una entrevista agresiva, pero si cercana, menos encorsetada y en la que se hablase de los temas que realmente interesan a los ciudadanos.

El único interés que despertó su emisión fue volver a ver a Jesús Hermida en acción, pero ello no justificaba 23 minutos de programación en la parrilla de la televisión pública.

No obstante, el problema no fue que el maestro Hermida se encargase de conducir la entrevista, el problema fue que el veterano periodista entrara en el juego de la Zarzuela, en el intento de lavado de cara que lleva a cabo la Casa Real, tras los escándalos de Botsuana y Urdangarín. La transición y el 23F no sólo quedan demasiado lejos para los jóvenes, sino también para aquellos que los vivieron. La Casa Real, conocedora de que la figura del monarca no puede cimentarse sólo en hechos del pasado, y tratando de acallar los problemas presentes, intenta aumentar la popularidad de Don Juan Carlos y acercar su figura a los más jóvenes, por el momento, sin éxito.

La emisión del programa también perdió parte del interés generado tras conocerse, el viernes, el mismo día de su emisión, un bombazo informativo: Rodrigo Rato fichaba por Movistar, Telefónica de toda la vida, como asesor externo para Latinoamérica y Europa.

Teniendo en cuenta que Rato ayudó a privatizar la compañía cuando era vicepresidente del Gobierno de Aznar y que tras su salida de Bankia y la nacionalización de la compañía, estaba en paro, Telefónica ha escogido el mejor momento para devolverle el favor que Rato les brindo en los noventa.

Lo que me sorprende es el doble baremo que está siguiendo la compañía de telecomunicaciones: a Urdangarín lo apartaron de su cargo de asesor por están imputado en el caso Nóos, mientras que a Rato lo contratan estando imputado por el caso Bankia. Creo que la mejor explicación que se le puede dar a este hecho aparecía reflejada en la prensa del fin de semana en forma de viñeta. Soraya Sáez de Santamaría, y el presidente, Mariano Rajoy, eran los protagonistas. En los bocadillos, cargados de ironía y sarcasmo, se podía leer que la “colocación” de Rato les parecía un tanto apresurada, teniendo en cuenta que todavía no había sido condenado y, por ello, no habían tenido ocasión de darle el indulto.

Ahora, mientras Rato se acomoda en su nuevo sillón de asesor, cerca de 6.000 empleados de Bankia se van a la calle por su mala gestión. Por mucho que nos lo queramos tomar con humor, la realidad acaba dándonos siempre una bofetada.

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