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Columna radiófonica emitida el 5 de diciembre de 2012 en el programa “Pa’ que veas” de Radio Monóvar (sección ‘En el punto de mira’)

Constitución española

La Constitución española envejece. Mañana cumple 34 años, y aunque sus patas de gallo sean tímidas arruguitas, el texto en el que se recogen los derechos, deberes y libertades de los españoles está, para algunos, demasiado mayor.

Por ello hay quien aconseja que la Carta Magna pase por el taller para ser reformada. Ante tal propuesta, los partidos mayoritarios se rasgas las vestiduras y tratan de desviar el debate hacia otros derroteros, no sea que alguien les recuerde que ellos han modificado el texto constitucional en diversas ocasiones sin necesidad de convocar una consulta popular.

Lo hizo el gobierno de Felipe González en el 92 para cumplir con los requisitos de admisión en la Unión Económica Europea. Y lo volvió a hacer Rodríguez Zapatero, el año pasado,  para fijar un límite al déficit público. En ambos casos, el partido popular apoyó al socialista y no se dieron las circunstancias necesarias para convocar un referéndum.

Sin embargo, nunca se ha planteado una reforma de base de la constitución. Los artículos más polémicos, entre ellos los referentes a la corona o a la organización territorial del estado, ni se tocan. Posicionarse en un lado o en otro de la balanza podría costarles las elecciones y a eso, los políticos, es muy difícil que estén dispuestos.

Mención aparte merecen los artículos del título I de la Constitución, en el que se recogen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Entre ellos se encuentran el derecho a la educación, a la sanidad, a una vivienda digna y, también, el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Hoy en día, por desgracia, estos artículos suenan a chiste de muy mal gusto.

Me quedo con el último, con el deber de trabajar y el derecho al trabajo porque ésta semana hemos conocido los datos del paro y, una vez más, vuelven a ser malos, sobre todo para nuestra provincia, donde el paro sigue aumentando.

Ante este tipo de noticias, es normal que nos indignen comentarios como el realizado por la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral. Para ella la fuga de cerebros no existe, porque los jóvenes (y no tan jóvenes) que se marchan de España en busca de trabajo, no lo hacen sólo por culpa de la crisis, sino también porque son aventureros. Igual de indignantes son las declaraciones del secretario de la OCDE sobre los malos hábitos adquiridos por los parados de larga duración.

A ambos, tal vez haya que recordarles que la verdadera aventura es luchar día a día por mantener el trabajo o por encontrar uno, y el único mal hábito que se puede adquirir con 426 euros al mes es el de llevar día a día la cartera vacía.

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Columna de opinión radiófonica emitida el 24 de octubre de 2012 en el programa “Pa’ que veas” de Radio Monóvar (sección ‘En el punto de mira’).

Desde mediados de los 90, ningún gobierno se ha resistido a reformar el sistema educativo. Con la alternancia en el poder de PP y PSOE, las leyes educativas se han sucedido una tras otra, aunque sólo las socialistas han prosperado, pero ninguna ha estado vigente más de dos legislaturas.

Así, las leyes educativas franquistas fueron sustituidas por la LOGSE de González, a la que siguió el intento de Aznar de poner en marcha la LOCE, que Zapatero impidió con la LOE.

El resultado: la EGB, la ESO, BUP, COU, Bachillerato, FP… y un sinfín de siglas que han convertido al sistema educativo español en una inmensa sopa de letras en la que se repite, una y otra vez, el fracaso escolar. Un problema que en la Comunidad Valenciana alcanza los niveles más elevados de España.

Mientras que a un médico no se le ocurriría operar a un paciente sin haberlo diagnosticado antes, los políticos abren en canal la educación, sin anestesia, cada legislatura. ¿Por qué ningún gobierno se ha sentado a debatir sobre educación con profesores, alumnos y padres?

No es de extrañar que el malestar de la familia educativa haya culminando con las jornadas de huelga de estudiantes, profesores y, por primera vez en la historia, padres. La reducción de ayudas y becas, el aumento de las tasas, la rebaja y congelación de sueldos, la tardanza en la cobertura de bajas, el aumento del número de alumnos por aula, la pérdida de autoridad de los profesores, los barracones y las aulas prefabricadas…, en definitiva, los recortes pasados, presentes y futuros han puesto en pié de guerra a la comunidad educativa.

Las jornadas de huelga de los estudiantes también tuvieron su reflejo en Monóvar. En el Instituto, cincuenta jóvenes se reunieron, pancarta en mano, para mostrar su rechazo a los recortes y defender la educación pública.

Tanto los jóvenes que se manifestaron, como muchos que acudieron a clase y otros que se quedaron dormidos, están hartos de escuchar cómo la “generación mejor preparada de España”, aquella a la que se le prometió el oro y el moro mientras duró la época de bonanza, es la misma a la que ahora llaman “la generación perdida” y ellos se ven abocados a un futuro incierto en el que la única esperanza es emigrar.

El sistema educativo español, parcheado hasta la extenuación, sólo podrá mejorar si consigue hacer realidad un gran pacto educativo, consensuado además de por políticos, por la comunidad educativa. Si la educación no se convierte en el pilar básico y fundamental sobre el que construir el mañana, ¿qué futuro le espera a nuestro país?

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