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Columna radiófonica emitida el 4 de junio de 2014 en el programa “Pa’ que veas” de Radio Monóvar (sección ‘En el punto de mira’)

abdicación rey

A las 10:32 de la mañana saltaba la noticia. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba la abdicación del Rey. Los medios de comunicación de todo el mundo se hacían eco y el 2 de junio de 2014 se convertía en una fecha a recordar en la historia reciente de España.

El Rey ha sido astuto a la hora de hacer pública su renuncia. Ha esperado a que pasasen las europeas y ha dejado suficiente margen de tiempo hasta las elecciones generales para que el debate sobre la monárquica no centre la campaña y comprometa a los partidos mayoritarios. Pero ni la astucia del Rey ni la rapidez con la que el gobierno ha fijado los plazos del proceso de sucesión han evitado el debate.

Lejos de alabanzas desmesuradas o críticas a degüello sobre la figura de Juan Carlos I y la institución monárquica, tres cosan me llaman la atención de lo sucedido estos días. La primera es la rapidez con la que se ponen de acuerdo más del 90% de los diputados del Congreso para mantener el status quo actual. Tal vez ahora no nos resulte tan extraño el llamamiento a la unidad y la coalición entre los grandes partidos que dio tanto que hablar durante la campaña de las europeas.

También me sorprende la laxitud con la que los sucesivos gobiernos, desde la transición hasta la actualidad, han mostrado a la hora de legislar sobre el futuro de la Monarquía. En casi 40 años no ha habido tiempo para plantear una ley sobre la sucesión y el futuro de la institución, pero sí para blindar a parte de la familia real al considerarlos “aforados”.

Y, por último, vuelvo a comprobar el nerviosismo que les entra a los políticos cuando se habla de realizar una consulta popular o de reformar la Constitución. Este último caso es significativo porque la Carta Magna se ha modificado en varias ocasiones sin consultar a los ciudadanos.

¿Es el momento de preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe la monarquía? No sé si será el mejor, pero es indudable que la renuncia del Rey deja esa puerta abierta y que una consulta popular reforzaría la legitimidad de cualquier resultado posible. Resultado que nunca conoceremos porque, como digo, a los políticos les entra urticaria cuando se trata de consultar a los ciudadanos, sobre todo si el proceso implica convocar elecciones.

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Columna radiófonica emitida el 5 de diciembre de 2012 en el programa “Pa’ que veas” de Radio Monóvar (sección ‘En el punto de mira’)

Constitución española

La Constitución española envejece. Mañana cumple 34 años, y aunque sus patas de gallo sean tímidas arruguitas, el texto en el que se recogen los derechos, deberes y libertades de los españoles está, para algunos, demasiado mayor.

Por ello hay quien aconseja que la Carta Magna pase por el taller para ser reformada. Ante tal propuesta, los partidos mayoritarios se rasgas las vestiduras y tratan de desviar el debate hacia otros derroteros, no sea que alguien les recuerde que ellos han modificado el texto constitucional en diversas ocasiones sin necesidad de convocar una consulta popular.

Lo hizo el gobierno de Felipe González en el 92 para cumplir con los requisitos de admisión en la Unión Económica Europea. Y lo volvió a hacer Rodríguez Zapatero, el año pasado,  para fijar un límite al déficit público. En ambos casos, el partido popular apoyó al socialista y no se dieron las circunstancias necesarias para convocar un referéndum.

Sin embargo, nunca se ha planteado una reforma de base de la constitución. Los artículos más polémicos, entre ellos los referentes a la corona o a la organización territorial del estado, ni se tocan. Posicionarse en un lado o en otro de la balanza podría costarles las elecciones y a eso, los políticos, es muy difícil que estén dispuestos.

Mención aparte merecen los artículos del título I de la Constitución, en el que se recogen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Entre ellos se encuentran el derecho a la educación, a la sanidad, a una vivienda digna y, también, el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Hoy en día, por desgracia, estos artículos suenan a chiste de muy mal gusto.

Me quedo con el último, con el deber de trabajar y el derecho al trabajo porque ésta semana hemos conocido los datos del paro y, una vez más, vuelven a ser malos, sobre todo para nuestra provincia, donde el paro sigue aumentando.

Ante este tipo de noticias, es normal que nos indignen comentarios como el realizado por la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral. Para ella la fuga de cerebros no existe, porque los jóvenes (y no tan jóvenes) que se marchan de España en busca de trabajo, no lo hacen sólo por culpa de la crisis, sino también porque son aventureros. Igual de indignantes son las declaraciones del secretario de la OCDE sobre los malos hábitos adquiridos por los parados de larga duración.

A ambos, tal vez haya que recordarles que la verdadera aventura es luchar día a día por mantener el trabajo o por encontrar uno, y el único mal hábito que se puede adquirir con 426 euros al mes es el de llevar día a día la cartera vacía.

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